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Migrantes: condición social y derechos humanos

      
Autor: Liliana Zaragoza Cano  |  Fuente: Flickr

La investigación realizada por Jaime Zambrano Hernández, catedrático del Departamento de Lengua y Literatura de Prepa Tec, en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, da a conocer que los indocumentados centroamericanos que transitan temporalmente por la entidad viven diversos abusos, algunos ya conocidos y otros apenas descubiertos en esta indagación.

 

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Según el académico, los migrantes llegan a pagar hasta 100 dólares por ir de una estación de autobús a otra, o el doble de los que cuesta un boleto de transporte público y en los casos extremos, estas personas pueden incluso ser víctimas de grupos delictivos.

El académico refiere que "las estructuras de poder institucionales, como el Ejército, la Marina, los policías de los tres niveles del gobierno y los agentes del Instituto Nacional de Migración; y las no institucionales, como los miembros del crimen organizado, asaltantes de las propias comunidades, taxistas, polleros, maquinistas y la misma ciudadanía; todas dan un trato a los indocumentados como 'nuda vida', -concepto acuñado por Giorgio Agamben que se refiere a la vida en cuanto fenómeno biológico, la vida aislada, considerada sólo como un trozo de materia, un elemento individual de la naturaleza que existe solamente de una manera física-".

"Sólo se perciben como cuerpos reducidos a su condición biológica y tratados como simple valor de cambio, y en su defecto, desechados. Son una expresión directa de prácticas de biopoder en el mundo actual", reitera Zambrano Hernández.

Originarios principalmente de Honduras, los migrantes no sólo viven violaciones de derechos humanos de las organizaciones de poder mencionadas, sino también de la misma sociedad, la cual al no hacer nada y darse cuenta de su situación, se convierte en cómplice de las actuaciones de los grupos delictivos.

Así mismo, el académico define que el gasto total que un transmigrante debe realizar para llegar a la frontera está entre los 200 y 250 mil pesos, lo que incluye sus traslados entre estaciones o bien un "pollero" que cobra alrededor de 7 mil dólares por cruzar el territorio nacional hasta los Estados Unidos, aun cuando no exista ninguna garantía de que se cumpla el objetivo.

Por estas razones en opinión de Zambrano Hernández "los migrantes son un botín para los integrantes de las redes que violan sus derechos humanos; es decir, tanto para el crimen organizado como para los agentes federales y municipales que los extorsionan para obtener beneficios económicos".

Protección de derechos

Sin embargo, el experto en Ciencias Políticas demuestra que a la par de redes que violan los derechos de los indocumentados, también existen redes de defensa que buscan apoyarlos.

En Puebla, las principales redes de apoyo están ligadas a los sacerdotes, que de forma independiente o con el apoyo de la diócesis, intentan brindar alimentos y un lugar donde descansar a los migrantes. Templos como el de Nuestra Señora de la Asunción y el Templo de San Felipe son los más representativos de la ciudad por ofrecer un espacio para el descanso durante una noche, comida y un baño para los migrantes.

El tráfico de órganos es otro elemento que Zambrano Hernández da a conocer como un delito que "aparece cada vez más en las entrevistas (a los migrantes) como una de las probables violaciones realizadas contra los indocumentados".

Este punto debe ser analizado por las autoridades, ya que Puebla es un punto estratégico en el paso de los migrantes, debido a las líneas de ferrocarril que pasan por la entidad, pero también porque existen líneas de autobuses que conectan con el norte del país.

Por esta razón, el catedrático concluye que las autoridades en México enfrentan el reto de investigar los abusos cometidos a los indocumentados, depurar instituciones como el Instituto Nacional de Migración, conocer lo que sucede con los transmigrantes que son privados de su libertad, y actuar contra las redes, que violan sus derechos sin que nadie las detenga.


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